El cierre de una de las principales apuestas del Gobierno Petro
Mientras junio avanza con marchas, actos culturales y reivindicaciones de derechos para diversos sectores sociales, el Gobierno Nacional inició oficialmente la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 0626 de 2026, expedido el pasado 19 de junio, luego de que venciera el plazo otorgado por la Corte Constitucional para corregir los problemas jurídicos detectados en la creación de la entidad.
Con ello, la cartera pasa a denominarse «Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación» y tendrá un plazo máximo de un año para completar su cierre definitivo.
¿Por qué se liquida el Ministerio?
El origen de la decisión no está relacionado directamente con la voluntad política del Gobierno sino con un fallo de la Corte Constitucional.
En diciembre de 2022, la entonces senadora Paloma Valencia demandó la ley que creó el Ministerio argumentando irregularidades en su trámite legislativo, especialmente la ausencia de aval fiscal. La Corte le dio la razón y ordenó repetir el proceso legislativo para subsanar los errores encontrados.
Aunque el Gobierno volvió a presentar el proyecto, este no logró completar su trámite en el Congreso antes del vencimiento del plazo establecido por la Corte, que expiró el pasado 20 de junio.
Ante ese escenario, el Ejecutivo quedó obligado a iniciar la liquidación de la entidad.
La paradoja política
La desaparición de MinIgualdad resulta particularmente simbólica.
La cartera fue presentada como uno de los mayores instrumentos para reducir las brechas históricas que afectan a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
Durante su lanzamiento, la vicepresidenta Francia Márquez afirmó que el ministerio sería un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las desigualdades en Colombia.
Tres años después, la entidad no solo desaparece, sino que lo hace en junio, mes tradicionalmente asociado a las luchas por la diversidad, la inclusión y los derechos humanos.
Los cuestionamientos por ejecución
Más allá de las discusiones jurídicas, el Ministerio enfrentó constantes críticas por sus bajos niveles de ejecución presupuestal.
Según los datos conocidos al cierre de 2024, la entidad apenas había ejecutado el 2,4 % de los recursos asignados, uno de los indicadores más bajos entre todas las entidades del Gobierno Nacional.
La situación generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organismos de control sobre la capacidad real de la entidad para convertir sus objetivos en programas efectivos para las comunidades que pretendía beneficiar.
La oposición también cuestionó el crecimiento de la estructura administrativa y los costos de funcionamiento frente a los resultados obtenidos. Entre las críticas más fuertes estuvieron los señalamientos relacionados con contratación, burocracia y baja capacidad de ejecución.
Cerca de 600 trabajadores en incertidumbre
Uno de los impactos más inmediatos de la liquidación recae sobre los trabajadores de la entidad.
De acuerdo con diferentes reportes, cerca de 580 a 600 funcionarios permanecen en incertidumbre frente a su futuro laboral. Algunos empleados denunciaron que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo una vez iniciado el proceso de liquidación y reclamaron garantías por parte del Gobierno Nacional.
Hasta ahora no existe claridad total sobre la reubicación de estos servidores públicos, aunque en algunos momentos se mencionó la posibilidad de trasladar parte del personal a otras entidades del Estado.
¿Qué sigue ahora?
El decreto establece que el presidente deberá nombrar un liquidador encargado de administrar los bienes, atender obligaciones pendientes, realizar inventarios y adelantar el cierre administrativo de la entidad.
Durante este periodo, el ministerio no podrá iniciar nuevos programas ni nuevas actividades relacionadas con su objeto misional, limitándose exclusivamente a las actuaciones necesarias para completar la liquidación.
Una pregunta que queda abierta
La desaparición de MinIgualdad deja una discusión que trasciende al actual Gobierno.
¿Necesita Colombia una entidad especializada en la reducción de desigualdades?
Para algunos sectores, la respuesta sigue siendo sí, pero acompañada de mayores niveles de planeación, capacidad de ejecución y sostenibilidad institucional.
Para otros, la experiencia de MinIgualdad demuestra que crear nuevas estructuras administrativas no garantiza, por sí sola, la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones históricamente excluidas.
Lo cierto es que una de las principales banderas políticas del gobierno de Gustavo Petro termina hoy en liquidación, dejando abiertas preguntas sobre la eficacia del modelo, el futuro de cientos de trabajadores y la capacidad del Estado para convertir las promesas de igualdad en resultados concretos para la ciudadanía.
