El orgullo nació para defender la libertad de identidad. Hoy también debe defender la libertad de conciencia.
Esta semana miles de personas volverán a salir a las calles de Medellín para celebrar el Orgullo.
Y eso es una buena noticia.
Durante décadas, la Marcha del Orgullo ha sido mucho más que una celebración. Ha sido un espacio de visibilidad, resistencia y reivindicación para quienes crecimos en una sociedad donde amar diferente podía significar rechazo, discriminación o violencia.
Como hombre gay, activista y comunicador, he participado durante años en este proceso. He visto avances que parecían imposibles cuando era joven.
Hoy existe matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo, las personas con VIH tenemos una calidad y expectativa de vida que hace algunas décadas era impensable y la diversidad sexual y de género ocupa espacios públicos, institucionales y mediáticos que antes estaban completamente cerrados.
Aún falta mucho camino por recorrer. Pero también sería injusto desconocer lo mucho que hemos avanzado.
Quizás por eso me preocupa una tendencia que he visto crecer durante los últimos meses.
La idea de que existe una única manera correcta de pensar políticamente si se es una persona LGBT.
Que quien vote diferente está equivocado.
Que quien priorice otras preocupaciones del país ha traicionado la causa.
Que quien no comparta determinada visión ideológica merece ser señalado.
No comparto esa idea.
Porque si algo nos enseñó la lucha por la diversidad es que nadie debería decirnos cómo vivir nuestra vida.
Y eso incluye también nuestra forma de pensar.
Algunas personas consideran que la principal prioridad política debe ser la ampliación de derechos para las minorías.
Otras creen que la estabilidad económica, la generación de empleo, la seguridad o la fortaleza institucional son condiciones necesarias para que esos derechos puedan sostenerse en el tiempo.
Son posiciones distintas.
Pero ambas pueden surgir de preocupaciones legítimas sobre el futuro del país.
Reducir esa discusión a categorías de “buenos” y “malos”, o de “aliados” y “traidores”, empobrece el debate y termina reproduciendo la misma lógica de exclusión que durante años hemos cuestionado.
La Marcha del Orgullo nació para combatir la discriminación, no para crear nuevas formas de ella.
Por eso celebro que la institucionalidad de Medellín haya reiterado su respaldo a la marcha como un espacio plural y abierto para toda la ciudadanía.
Pero también creo que los liderazgos sociales tienen una responsabilidad adicional.
No basta con organizar el evento.
También es necesario cuidar el tono de la conversación pública que lo rodea.
En tiempos de polarización política, quizás el mensaje más poderoso que puede enviar el movimiento LGBT es recordar que la diversidad no termina en la orientación sexual o en la identidad de género.
La diversidad también incluye formas distintas de entender el país.
Porque el orgullo nunca se trató de pensar igual.
Se trató de ser libres.
Libres para amar.
Libres para existir.
Libres para expresarnos.
Y también libres para pensar.
Quizás la pregunta más importante de este Pride no sea por quién votamos.
La pregunta es si seguimos siendo capaces de reconocernos como comunidad aun cuando pensamos diferente.
Porque si logramos hacerlo, no solo estaremos defendiendo la diversidad.
Estaremos defendiendo la democracia.





Qué caballo de Troya de retórica este texto: amortiguar la resistencia del movimiento LGBTIQ+ frente a un gobierno que, por la naturaleza de sus alianzas, será abiertamente hostil contra los derechos de la población.
Puras falacias:
«La idea de que existe una única manera correcta de pensar políticamente si se es una persona LGBT. Que quien vote diferente está equivocado. Que quien priorice otras preocupaciones, ha traicionado la causa». Entonces ¿quiere imponer un pensamiento único? ¿El que exija coherencia porque está votando por un proyecto político como «patria milagro» o «firmes por la patria», o como sea que se llame, por qué está aliado con quienes históricamente ha querido eliminar los derechos revirtiendo los fallos de la corte constitucional porque «lo que se hace en derecho, se deshace en derecho»?
Ignorancia en pleno, que porque «hoy existe matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo… la diversidad sexual y de género ocupa espacios públicos…» asume que los derechos son estáticos y eternos una vez conquistados. Los derechos son construcciones dinámicas y frágiles que dependen del Bloque de Constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Política) y de la VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES. Un presidente que anuncia su intención de retirarse de la CIDH y la OEA, busca deliberadamente romper ese blindaje internacional. Y aunque un presidente no pueda revocar una sentencia de la Corte Constitucional por decreto, el Ejecutivo tiene el poder de la asfixia regulatoria y administrativa: puede nombrar magistrados afines a su causa, desmontar la política pública de no discriminación y permitir que la violencia sistemática contra la comunidad se normalice por omisión estatal. Los derechos no «ya existen» en el vacío; existen porque hay un poder político que los defiende o los ataca.
Puro abuso del concepto de libertad de conciencia en «El orgullo nació para defender la libertad de identidad. Hoy también debe defender la libertad de conciencia» y «Libres para pensar»: Coger el artículo 18 de la Constitución Política y retorcerlo para, sugerir que ser criticado, repudiado o excluido por la propia comunidad por apoyar un candidato homofóbico, equivale a la violación de un derecho fundamental. Esta supuesta “defensa de la libertad de conciencia” es una coartada retórica para blindar a quienes, desde dentro, apoyan un proyecto político que recortaría derechos de la comunidad, y para presentarlos como víctimas. Pura manipulación de categorías jurídicas.
«Quizás el mensaje más poderoso que puede enviar el movimiento LGBT es recordar que la diversidad no termina en la orientación sexual o en la identidad de género. La diversidad también incluye formas distintas de entender el país.» El movimiento LGBTIQ+ surge para garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. No es un club de debate sobre modelos económicos. Admitir como igualmente válida la postura de quien vota por un presidente que considera el matrimonio igualitario un “capricho” y la “ideología de género” un peligro no es inclusión, es suicidio político. El derecho no obliga a un colectivo a cobijar a sus propios verdugos en nombre de una malentendida pluralidad.
Aquí hay puro chantaje emocional: «La pregunta es si seguimos siendo capaces de reconocernos como comunidad aun cuando pensamos diferente. Porque si logramos hacerlo, no solo estaremos defendiendo la diversidad. Estaremos defendiendo la democracia». La democracia no exige que una comunidad oprimida aplauda a quienes votan contra sus derechos. Exige respeto a las reglas del juego electoral, no autosilenciamiento. La verdadera defensa de la democracia constitucional es defender los derechos conquistados por vía judicial y legislativa frente a un Ejecutivo dispuesto a desmontarlos, así lo apoye un sector minúsculo de la propia comunidad. Señalar la incoherencia de un gay que apoya a De la Espriella no fragmenta la democracia; la fortalece, porque evidencia la contradicción entre el discurso de derechos y el voto útil reaccionario.
La libertad de conciencia no ampara la defensa de políticas que niegan la igualdad real y efectiva. Esta llamada a «marchar juntos» es la pura paradoja del idiota útil: una sociedad tolerante no puede tolerar la intolerancia hasta el punto de su propia destrucción. Cuando el proyecto político de La Espriella busca activamente «combatir la ideología de género».