Hace un par de días publiqué una editorial sobre la libertad de conciencia y el derecho que tiene cada persona a votar de acuerdo con su criterio.
Entre los comentarios recibí, a través de las redes, la respuesta de un joven a quien conozco y respeto. Más allá de coincidir o no con mis argumentos, me hizo una pregunta que merece una reflexión más profunda:
¿Cómo una persona que ha dedicado años de su vida a trabajar por la diversidad, los derechos humanos y la inclusión termina llegando a las convicciones que hoy expone?
La respuesta no está en una ideología. Está en la experiencia, y no traducida en años, creería más bien que es el privilegio que me ha dado la vida para estar allí y entender.
Crecí en la comuna 13 de Medellín, en los años más duros del narcotráfico. Viví una adolescencia atravesada por la violencia que marcó a toda una generación. Defendí mi orientación sexual en un país donde ser diferente no era solo un riesgo, sino una causa permanente de discriminación y exclusión y donde el VIH se convirtió en una realidad que nos tocó a muchos.
Con los años también fui periodista, emprendedor, activista y gestor de proyectos sociales. He trabajado con comunidades, con familias, con jóvenes, con adultos mayores y con personas que viven realidades muy distintas entre sí.
No pienso como pienso porque leí un libro o porque me identifiqué con una corriente política. Pienso como pienso porque la vida me concedió el privilegio de mirar la realidad desde múltiples orillas.
Y si hay algo que esa experiencia me enseñó es que los cambios duraderos comienzan cuando asumimos responsabilidad sobre nuestra propia realidad.
Lo aprendí con la violencia. Lo aprendí con las drogas. Lo aprendí en medio de la escasez. Lo aprendí con la exclusión.
Por eso, con el paso del tiempo, mi preocupación dejó de estar únicamente en la conquista de derechos y comenzó a enfocarse también en su sostenibilidad.
Porque los derechos necesitan algo más que buenas intenciones. Necesitan instituciones que funcionen. Necesitan estabilidad. Necesitan capacidad de ejecución. Necesitan recursos. Pero, más importante aún, necesitan de una ciudadanía capaz de protegerlos incluso cuando cambian los gobiernos.
Pienso en las nuevas generaciones que intentan construir proyectos de vida desde el emprendimiento, la cultura o la economía creativa en un país donde la estabilidad sigue siendo una tarea pendiente. Pienso en quienes trabajan por proyectos, en quienes viven entre la formalidad y la informalidad, en quienes cada día apuestan por crear valor aun cuando las condiciones no siempre acompañan sus esfuerzos. Cuando hablo de sostenibilidad, también hablo de ellos.
Como persona diversa sigo creyendo profundamente en la igualdad y en la inclusión. Pero también creo que debemos hacer una reflexión autocrítica sobre nuestro propio camino. Hemos sido extraordinariamente efectivos conquistando derechos en los escenarios jurídicos y eso merece reconocimiento.
Sin embargo, no siempre hemos sido igual de efectivos construyendo su validación social. Y no me refiero a validación para que me reconozcan, no lo necesito y tampoco lo quiero. Me refiero a la validación de la ley y creo que allí tenemos mucho que mejorar, porque toda transformación social exige coherencia entre lo que reclamamos y la forma en que lo construimos.
La inclusión no ocurre cuando una sentencia es firmada. Ocurre cuando una familia comprende. Cuando una escuela educa. Cuando un lugar de trabajo integra. Cuando un vecino deja de ver la diferencia como una amenaza. Cuando una sociedad cierra filas por convicción. Y eso no lo da una firma en un papel, lo da la coherencia.
Los derechos se conquistan en la ley, pero la igualdad se construye entre todos y en la vida cotidiana. Y esa transformación cultural no depende únicamente de jueces, congresistas o activistas. También depende de cada uno de nosotros.
Liderar no solo requiere convicción, también se necesita empatía y estrategia. Porque la ignorancia del otro no siempre nace del odio. Muchas veces nace del desconocimiento, del miedo o simplemente de no haber tenido el privilegio de entender una realidad distinta a la propia.
Si queremos una sociedad más incluyente, debemos estar dispuestos no sólo a exigir comprensión, sino también a construirla.
También soy consciente de que las decisiones electorales no son neutras. Hay proyectos políticos que prometen ampliar derechos y abrir nuevas discusiones. Otros plantean escenarios donde los avances alcanzados y procesos en curso enfrentarían mayores resistencias y la necesidad de ser defendidos con más firmeza.
Por eso, más allá de quién gobierne en esta Colombia democrática, nuestra responsabilidad seguirá siendo la misma. Defender los avances alcanzados ante la ley; pero también validarlos en la sociedad.
Porque una sociedad que comprende y se apropia de la igualdad suele proteger mejor los derechos que una sociedad que simplemente los acata por obligación.
Quizás ese sea uno de los grandes desafíos de las nuevas generaciones: dejar de medir el éxito únicamente por las leyes que se logran aprobar y comenzar a medirlo también por la capacidad que se tiene para convertir esos derechos en convivencia cotidiana.
