Soy un hombre gay. He defendido durante años los derechos de las personas LGBT. He trabajado en prevención del VIH, inclusión, participación ciudadana y diversidad. Creo en la necesidad de políticas públicas que reconozcan las diferencias y garanticen derechos para todas las personas.
También he defendido debates que para muchos siguen siendo incómodos: la necesidad de abordar las libertades sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas desde la salud pública, la reducción de riesgos y daños, y no exclusivamente desde la prohibición.
Por eso algunos podrían asumir que mi voto debería estar definido de antemano. Que mi orientación sexual, mis luchas o mis convicciones personales me obligan a respaldar una determinada corriente política. Pero no lo creo así.
La diversidad nunca debió convertirse en una nueva forma de uniformidad.
Si algo hemos aprendido quienes han vivido la experiencia de ser diferentes, es precisamente el valor de pensar por cuenta propia. La libertad que reclamamos para existir también debe aplicarse a nuestra manera de participar en democracia.
Votar no es un acto de lealtad ideológica. Es un ejercicio de responsabilidad colectiva.
Por eso, cuando evalúo una candidatura presidencial, no me pregunto únicamente qué piensa sobre diversidad sexual. Me pregunto también qué propone para la economía, la salud, la seguridad, la institucionalidad, el emprendimiento, la generación de empleo y, más importante aún, la capacidad del país para sostener sus programas sociales.
Porque los derechos necesitan algo más que discursos: necesitan instituciones fuertes, recursos públicos sostenibles y confianza para poder convertirse en realidades permanentes.
Las transformaciones sociales requieren convicción, pero también capacidad de ejecución.
A lo largo de los últimos años, la izquierda colombiana ha realizado aportes importantes en debates ambientales, territoriales y sociales. Sería injusto desconocerlo. Pero también es legítimo preguntarse por sus resultados en materia política, económica, institucional y administrativa.
La crítica no es una traición. La discrepancia tampoco. Y mucho menos cuando se ejerce desde la reflexión.
Me preocupa que algunos sectores pretendan reducir el voto de las personas LGBT a una única opción política. Como si nuestra orientación sexual definiera automáticamente nuestra visión económica, nuestra posición frente al emprendimiento o nuestras preocupaciones sobre el futuro del país.
No somos un bloque homogéneo. Somos ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a ponderar prioridades distintas según el momento histórico que enfrenta una nación.
También creo que la movilización a favor la diversidad sexual debe hacer una reflexión profunda sobre sus propias prioridades.
Colombia ya ha dado discusiones fundamentales sobre orientación sexual. Muchas de esas conquistas fueron y siguen siendo respaldadas por la Constitución del 91 y las altas Cortes. Eso no significa que todo esté resuelto, pero sí que existen nuevos desafíos que requieren una atención más rigurosa y con menos estridencia, particularmente en temas de identidad y género, donde aún existen preguntas complejas que merecen abordajes serios, responsables y alejados de la lógica de la confrontación permanente.
No toda causa necesita convertirse en una batalla mediática y no toda diferencia debe transformarse en una guerra cultural.
La democracia necesita humildad. Humildad para reconocer que ninguna corriente política posee todas las respuestas. Humildad para aceptar que las personas pueden coincidir en unos temas y discrepar en otros. Humildad para entender que la orientación sexual es una dimensión importante de la vida, pero no la única.
Soy gay. Pero también soy ciudadano. También me preocupan la economía, la salud, la educación, el empleo, la seguridad y la capacidad del Estado para responder a los desafíos del país.
