La paradoja de los trabajadores invisibles en Colombia
El Gobierno Nacional celebra que la pobreza multidimensional en Colombia haya descendido hasta ubicarse cerca del 9,9 %, una cifra histórica según las mediciones oficiales. Menos hogares sin acceso a educación, servicios públicos o condiciones dignas de vivienda representa, sin duda, una buena noticia para el país.
Sin embargo, detrás de ese dato optimista se esconde una pregunta incómoda: ¿realmente estamos construyendo una sociedad más próspera o simplemente estamos trasladando a millones de personas desde la pobreza hacia una condición permanente de vulnerabilidad?
Las cifras del mercado laboral ofrecen una pista preocupante.
Según datos del DANE, más de 12,7 millones de colombianos trabajan en la informalidad, una realidad que afecta a más de la mitad de la población ocupada del país. En las zonas rurales supera el 80 % y en las microempresas alcanza el 84 %.
Estamos hablando de millones de personas que trabajan todos los días, generan ingresos y sostienen buena parte de la economía nacional, pero paradójicamente no cuentan con estabilidad laboral, protección pensional ni capacidad real de ahorro.
La frontera estadística de la pobreza
El problema no es únicamente cuántas personas salen de la pobreza, sino hacia dónde llegan después.
De acuerdo con las metodologías oficiales usadas por el gobierno nacional, una persona deja de ser considerada pobre monetariamente cuando cuenta con ingresos cercanos a los $470.000 mensuales. Esa cifra puede funcionar en una hoja de cálculo, pero difícilmente representa una vida digna en la realidad colombiana.
¿Puede una persona pagar arriendo, alimentación, transporte, servicios públicos, conectividad y atención en salud con ese ingreso?
La respuesta parece evidente.
Por eso es necesario diferenciar entre salir de la pobreza estadística y alcanzar una verdadera seguridad económica.
Millones de colombianos ya no aparecen en las cifras de pobreza extrema, pero tampoco pertenecen a una clase media. Son trabajadores que viven al día, dependen de ingresos inestables y caminan permanentemente sobre una delgada línea que los separa nuevamente de la pobreza.
Una enfermedad, un accidente, la pérdida de algunos días de trabajo o un aumento inesperado en el costo de vida pueden devolverlos rápidamente al punto de partida.
El dilema de la informalidad
La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza el acceso a la seguridad social.
Mientras el salario mínimo continúa creciendo, buena parte de los trabajadores informales no recibe ese beneficio porque sus ingresos no dependen de un contrato laboral formal.
En este contexto, las personas informales enfrentan una paradoja difícil de resolver: para acceder plenamente al sistema contributivo de salud y pensión deben realizar aportes calculados sobre un salario mínimo que, en muchos casos, supera sus ingresos reales. Y la situación se agrava, aún más, cuando ese salario mínimo crece de manera desproporcionada.
En números actuales, para alguien que gana menos de un salario mínimo mensual, destinar cerca de medio millón de pesos a la seguridad social puede resultar simplemente imposible.
La consecuencia es evidente: millones de personas quedan por fuera del sistema pensional y terminan dependiendo del Estado o de sus familias.
Pensar el país más allá de los subsidios
Los subsidios cumplen una función importante en cualquier sociedad moderna. Nadie debería cuestionar la necesidad de proteger a quienes enfrentan condiciones extremas de pobreza.
Pero los subsidios no reemplazan el empleo productivo.
Tampoco reemplazan la formalización empresarial, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas ni la creación de oportunidades sostenibles.
La historia demuestra que ninguna nación ha construido prosperidad duradera únicamente a partir de ayudas estatales. Las ayudas son necesarias para atender emergencias sociales; el desarrollo, en cambio, requiere productividad, inversión, emprendimiento y empleo formal.
Por eso la discusión que Colombia necesita no es quién promete más subsidios o quién decreta mayores aumentos salariales.
La verdadera pregunta es otra:
¿Quién tiene una propuesta real para reducir la informalidad, fortalecer el empleo, ampliar el acceso a la seguridad social y permitir que más colombianos puedan vivir dignamente del fruto de su trabajo?
Porque un país no supera la pobreza cuando sus ciudadanos sobreviven.
La supera cuando pueden construir un proyecto de vida con estabilidad, autonomía y futuro.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, el llamado no es a votar desde el miedo, la rabia o las promesas que no se pueden alcanzar. El llamado es a votar con conciencia, informados y pensando en el largo plazo.
A evaluar quién propone una verdadera ruta para que los colombianos dejen de sobrevivir y puedan vivir con dignidad.
Porque más allá de las cifras, esa es la discusión que definirá el futuro del país.
