Un avance para la vida, la salud y la autonomía de las niñas y mujeres
Colombia acaba de dar un paso histórico en la defensa de los derechos humanos. Tras superar su último debate en el Congreso de la República, quedó aprobada la prohibición de la Mutilación Genital Femenina (MGF), una práctica que durante décadas ha afectado a niñas y mujeres en distintas regiones del mundo y que también ha estado presente en algunos territorios del país.
La decisión representa una victoria para los movimientos de mujeres, organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos internacionales que durante años han trabajado para erradicar una práctica considerada por las Naciones Unidas como una grave violación de los derechos humanos.
Más allá de una reforma legal, el mensaje es contundente: el cuerpo de las niñas y las mujeres no puede seguir siendo objeto de prácticas que pongan en riesgo su vida, su salud y su libertad.
¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?
La Organización Mundial de la Salud define la Mutilación Genital Femenina como cualquier procedimiento que implique la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o cualquier lesión causada a los órganos genitales por razones no médicas.
La práctica incluye diferentes formas de intervención, desde la remoción parcial del clítoris hasta procedimientos más invasivos que alteran permanentemente la anatomía genital femenina.
Aunque durante años se utilizaron términos como «ablación», «circuncisión femenina» o «corte genital femenino», organismos internacionales recomiendan utilizar el término «mutilación genital femenina» porque refleja con claridad la gravedad del daño físico y psicológico que produce.
Una práctica que existe desde hace siglos
La MGF antecede a muchas religiones modernas y ha sido practicada históricamente en comunidades de África, Medio Oriente y algunas regiones de Asia.
Expertos coinciden en que no existe una única explicación sobre su origen. A lo largo del tiempo se ha justificado bajo argumentos relacionados con la tradición, el control de la sexualidad femenina, la preparación para el matrimonio o supuestas razones de pureza e identidad cultural.
Sin embargo, organismos internacionales han insistido en que ninguna tradición cultural puede justificar una práctica que genera sufrimiento y vulnera derechos fundamentales.
¿Por qué se considera una práctica nociva?
El documento elaborado por el ICBF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es claro: la MGF es una práctica nociva porque produce daños físicos y psicológicos, limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y pone en riesgo la vida de niñas, adolescentes y mujeres.
Además, responde a estructuras de desigualdad de género que buscan controlar el cuerpo y la sexualidad femenina.
En muchos contextos, la práctica se sustenta en la creencia de que el placer sexual de las mujeres debe ser limitado o controlado. Incluso se ha promovido la idea de que una mujer mutilada será más obediente o más apta para el matrimonio.
Por ello, las Naciones Unidas la consideran una forma de violencia basada en género.
Las consecuencias pueden durar toda la vida
Los efectos de la mutilación genital femenina pueden aparecer inmediatamente o acompañar a una mujer durante toda su vida.
Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:
Consecuencias inmediatas
- Dolor intenso.
- Hemorragias.
- Infecciones.
- Fiebre.
- Problemas de cicatrización.
- Retención urinaria.
Consecuencias a largo plazo
- Disfunciones sexuales.
- Dolor durante las relaciones íntimas.
- Incontinencia urinaria.
- Problemas en el embarazo y el parto.
- Mayor riesgo de infecciones.
- Afectaciones en la salud mental.
- Trauma psicológico persistente.
La práctica también limita la posibilidad de que las mujeres ejerzan plenamente su autonomía corporal y sus derechos sexuales y reproductivos.
¿Existe la Mutilación Genital Femenina en Colombia?
Sí. Aunque muchas personas creen que se trata de una problemática exclusiva de otros continentes, Colombia es el único país de América Latina donde se ha documentado la existencia de esta práctica con motivaciones culturales.
Diversas investigaciones han identificado casos dentro de algunas comunidades del pueblo indígena emberá, especialmente en territorios de Risaralda y Chocó. Sin embargo, los documentos oficiales aclaran que no se trata de una práctica presente en todo el pueblo emberá ni en todas las comunidades indígenas del país.
También se han documentado casos de mutilación genital femenina asociados a agresiones sexuales extremas y feminicidios, razón por la cual esta conducta fue incluida como circunstancia agravante en la legislación colombiana.
El desafío: proteger derechos sin criminalizar culturas
Uno de los aspectos más importantes del trabajo desarrollado en Colombia ha sido entender que la erradicación de esta práctica no puede basarse únicamente en la sanción.
Durante años, organizaciones indígenas, lideresas, parteras, el ICBF y el UNFPA han promovido procesos de diálogo intercultural para transformar estas prácticas desde las propias comunidades.
Iniciativas como el proyecto Embera Wera demostraron que es posible generar cambios culturales profundos sin desconocer la identidad de los pueblos indígenas.
De hecho, muchas mujeres emberá han asumido un papel protagonista en la construcción de alternativas que protejan la vida de las niñas sin romper los vínculos culturales de sus comunidades.
Un problema global que sigue afectando a millones de mujeres
Según datos citados por el UNFPA, más de 230 millones de mujeres y niñas en más de 30 países han sido sometidas a mutilación genital femenina. Además, se estima que, si no se toman medidas urgentes, otros 27 millones de niñas podrían estar en riesgo para el año 2030.
Estas cifras muestran que la lucha está lejos de terminar.
Un hito para Colombia y para América Latina
La aprobación de esta prohibición envía un mensaje poderoso: los derechos de las niñas y las mujeres son irrenunciables.
Más allá de las diferencias culturales, religiosas o sociales, el Estado colombiano reconoce que ninguna tradición puede estar por encima del derecho a la vida, la salud, la integridad física y la autonomía corporal.
Como lo expresó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, el gran desafío del país es lograr que los casos lleguen a cero y que ninguna niña vuelva a sufrir esta forma de violencia.
La aprobación de esta ley no marca el final del camino. Marca el inicio de una nueva etapa en la que educación, diálogo intercultural, prevención y protección deberán caminar de la mano para garantizar que las próximas generaciones de niñas crezcan libres de una práctica que nunca debió existir.
