Un estudio financiado por Airbnb y las gestiones de un consultor contratado por la empresa abren preguntas sobre la transparencia de su participación en la revisión del POT.
La regulación de las rentas cortas es uno de los asuntos que enfrenta Medellín en la revisión de su Plan de Ordenamiento Territorial —POT—. Las decisiones sobre dónde y bajo qué condiciones puede operar el alojamiento turístico afectan tanto a quienes obtienen ingresos de esta actividad como a quienes habitan los barrios.
En ese contexto, una investigación de El Armadillo documentó actuaciones que describe como parte de una estrategia de lobby de Airbnb: la difusión de un estudio académico financiado por la plataforma y gestiones de relacionamiento ante autoridades locales. elarmadillo.co
El asunto merece atención pública. La ciudad necesita conocer qué intereses buscan influir en las reglas y qué evidencia presentan para respaldar sus propuestas.
Ver esta publicación en Instagram
Un estudio financiado por una empresa interesada en la regulación
El estudio de la Universidad Javeriana fue presentado el 15 de septiembre de 2026 en un foro organizado por La República en Medellín.
Según El Armadillo, Airbnb aportó una parte significativa de su financiación mediante un contrato de consultoría. El vínculo estaba declarado en el documento académico, pero no fue informado durante la presentación ni en el boletín de prensa que divulgó sus conclusiones. La Javeriana respondió que el contrato garantizó autonomía académica y que la empresa no intervino en la investigación. elarmadillo.co
La financiación empresarial no demuestra que los resultados sean incorrectos. Sin embargo, comunicarla claramente permite a periodistas, autoridades y ciudadanos evaluar la investigación con conocimiento de su origen.
Cuando un estudio entra en una discusión sobre regulación, su metodología, sus límites y su financiación deben ser igualmente visibles.
Qué encontró el estudio y qué preguntas siguen abiertas
Según el Departamento de Economía de la Javeriana, el estudio no encontró evidencia suficiente para afirmar que Airbnb haya aumentado los precios de los arriendos en Medellín. Sobre si la plataforma reduce la cantidad de viviendas disponibles para alquiler de largo plazo, los resultados fueron menos claros. economiajaveriana.substack.com
Esto no significa que las rentas cortas no tengan efectos sobre los barrios. El ruido, la convivencia y los cambios en el uso de las viviendas son asuntos que requieren otros análisis.
Para decidir sobre el POT, las autoridades deben considerar lo que el estudio encontró, sus límites y las experiencias de las comunidades.
Juan Camilo Quintero y el contrato con Airbnb
El Armadillo también reportó que Juan Camilo Quintero Medina confirmó un contrato con Airbnb y reuniones con funcionarios y un concejal. Quintero rechazó describir su trabajo como lobby y explicó que busca alternativas para la continuidad de las rentas turísticas. elarmadillo.co
La diferencia entre ambas versiones debe quedar explícita: el medio caracteriza esas gestiones como lobby; el consultor no acepta esa denominación.
Para la ciudadanía, la pregunta va más allá del término. Importa conocer qué propuestas presenta, en representación de quién y con qué datos las sustenta.
El contrato no demuestra una actuación irregular. Sí hace relevante que su condición de consultor de la empresa sea conocida cuando participa en conversaciones sobre reglas que afectan su negocio.
¿Qué cambios propone Airbnb para el POT?
El propio Concejo informó que, durante la discusión, se solicitó conocer los resultados de las conversaciones entre representantes de Airbnb y la Administración. La transparencia requiere respuestas concretas:
- ¿Qué disposiciones del proyecto busca modificar Airbnb?
- ¿Qué propuestas ha entregado a concejales y funcionarios?
- ¿Quiénes representan a la empresa en esas conversaciones?
- ¿Qué estudios y cifras respaldan sus solicitudes?
- ¿Cómo pueden consultar las comunidades esos argumentos y presentar observaciones?
Conocer esta información permitiría evaluar las propuestas por su contenido y sus efectos sobre el territorio.
Las comunidades también necesitan condiciones para incidir
Desde una perspectiva comunitaria, el debate plantea una preocupación: las empresas pueden contratar consultores y financiar investigaciones, mientras muchos habitantes participan sin apoyo técnico ni acceso sencillo a los datos.
La experiencia relatada por una residente de Patio Bonito sobre las dificultades para obtener información ilustra esa necesidad. Defender la permanencia en el barrio, proponer alternativas o discutir una regulación exige herramientas que no siempre están al alcance de la ciudadanía.
Por eso, la participación debe facilitar información comprensible, espacios de contraste y respuestas a las preguntas de residentes, arrendatarios y pequeños anfitriones.
También debe distinguir entre una familia que alquila una habitación y operadores que destinan múltiples inmuebles completos al hospedaje turístico. Sus condiciones y sus efectos sobre el barrio pueden ser diferentes.
Desde El Poblado en Historias seguiremos informando sobre el tema, contrastando documentos y dando espacio a las respuestas de la empresa, su consultor, la academia, las autoridades y las comunidades.
Nota de transparencia: la información sobre la financiación del estudio y el contrato de Juan Camilo Quintero procede de la investigación de El Armadillo. Las respuestas aquí recogidas fueron reportadas por ese medio y no corresponden a entrevistas realizadas por El Poblado en Historias.
