Por Marco Andrés Jaramillo Ortiz
Voté por Gustavo Petro en el periodo anterior. Después, el Pacto Histórico defraudó mi confianza. En las siguientes elecciones deposité esa confianza en Abelardo de la Espriella. Lo digo abiertamente, porque asumir mi voto también significa examinar las decisiones de quien ayudé a elegir y reclamar cuando considero que está tomando un rumbo equivocado.
Quiero que a Colombia le vaya bien. Pero la confianza que deposité en un candidato también se fragmenta cuando las acciones de su gobierno desconocen la diversidad y ponen en riesgo lo que tantas personas han luchado por conquistar. Haberlo elegido aumenta mis razones para exigirle responsabilidad.
El retiro de piezas del Museo Nacional me lleva a expresar esa preocupación. Entre los elementos desmontados hay símbolos relacionados con la diversidad sexual, los derechos políticos de las mujeres y la construcción de paz. El Ministerio de Cultura sostiene que está evaluando y rediseñando los espacios. Esa explicación merece un debate público sobre sus criterios y sobre las memorias que están dejando de verse representadas.
Un museo puede renovarse. Sus relatos pueden revisarse, ampliarse y discutirse. Pero esa responsabilidad exige rigor, conocimiento y respeto por la complejidad del país. Me preocupa que esa revisión esté enmarcada en una “contrarrevolución cultural” anunciada por el presidente y en su confrontación con lo que denomina “wokismo”.
El Gobierno está confundiendo su mandato para gobernar con una autorización para decidir qué país merece ser recordado.
La historia política y social de Colombia no comenzó con Gustavo Petro ni puede reorganizarse al gusto de Abelardo de la Espriella. Las luchas sociales, los procesos de paz y las conquistas ciudadanas pertenecen a una sociedad mucho más amplia que cualquier partido. Su presencia en un museo debe ayudarnos a comprender de dónde venimos, incluso cuando nos obliga a mirar aquello con lo que no estamos de acuerdo.
Presidente, ministra: ustedes también gobiernan para quienes encuentran en esas memorias una parte de su vida. Tienen la responsabilidad de preservar ese lugar y de explicar sus decisiones ante el país.
Veo una señal de autoritarismo en la pretensión de acomodar la memoria nacional a las convicciones del gobierno de turno. La democracia exige aceptar que existen historias, identidades y formas de pensar que incomodan al poder y que, precisamente por eso, necesitan garantías para seguir siendo visibles.
La Constitución representa un acuerdo para convivir en medio de nuestras diferencias. Su sentido pierde fuerza cuando desde el Estado se transmite que algunas expresiones de esa diversidad sobran. Los funcionarios pueden tener convicciones religiosas y políticas profundas; su deber público les exige reconocer también a quienes viven y piensan de otra manera.
Por eso, lo que ocurre en el Museo Nacional me preocupa más allá de sus salas. Detrás de los símbolos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ hay vidas marcadas por la exclusión, organizaciones que persistieron y generaciones que exigieron ser reconocidas como parte de Colombia. Retirar esos símbolos del relato nacional envía un mensaje inquietante sobre el lugar que este Gobierno está dispuesto a reconocerles en el presente.
Mi decepción con el gobierno anterior no borró mis convicciones. Sigo defendiendo la igualdad, la libertad y la dignidad humana. Lo ganado merece ser protegido, gobierne quien gobierne.
Mi voto fue de confianza, presidente. Esa confianza necesita respuestas y decisiones que demuestren respeto por el país diverso que usted tiene la responsabilidad de gobernar.
La confianza es frágil. Muchas veces, el poder solo advierte su valor cuando ya la ha perdid
