Durante años, las poblaciones LGBTIQ+ en Colombia escuchamos el mismo mensaje: que nuestra seguridad, nuestra dignidad y nuestros derechos dependían de que determinados sectores políticos permanecieran en el poder.
La idea parecía sencilla. Si gobernaban los progresistas, avanzábamos. Si ganaban otros sectores, retrocedíamos.
Sin embargo, al acercarse el final del gobierno del presidente Gustavo Petro, vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿Realmente nuestros derechos dependían de un gobierno?
Dos de las apuestas más ambiciosas de esta administración para las poblaciones históricamente excluidas parecen llegar a su momento decisivo.
La primera es el Ministerio de Igualdad y Equidad. La segunda es la Ley Integral Trans, conocida popularmente como Ley Sara Millerey.
Ambas fueron presentadas como hitos históricos. Ambas buscaban responder a deudas sociales acumuladas durante décadas. Y ambas enfrentan hoy un futuro incierto.
Ministerio de la Igualdad a punto de desaparecer
El Ministerio de Igualdad nació con la promesa de coordinar las políticas públicas dirigidas a mujeres, juventudes, pueblos étnicos, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, habitantes de calle y otros sectores históricamente marginados. Según sus propios voceros, asumió la responsabilidad de articular acciones para 14 poblaciones sociales y desplegar presencia institucional en todo el país.
Pero la realidad terminó siendo más compleja.
Las cifras de ejecución presupuestal han generado fuertes controversias. Mientras el Ministerio sostiene que parte de los recursos corresponden a reservas de vigencias anteriores y que la ejecución mejoró durante los últimos meses, sectores de oposición han denunciado bajos niveles de ejecución, traslados de recursos a fondos especiales y una estructura burocrática incapaz de responder con la velocidad que exigían las comunidades.
La discusión es legítima.
Porque una cosa es reconocer una deuda histórica.
Y otra muy distinta es construir una institucionalidad capaz de saldarla.
A ello se suma un hecho aún más preocupante.
La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio debido a fallas en su trámite legislativo relacionadas con sostenibilidad fiscal y procedimiento parlamentario. Aunque otorgó un plazo para corregir esos errores, el Congreso enfrenta una carrera contrarreloj para evitar que la entidad desaparezca definitivamente.
Es decir, más allá de las diferencias ideológicas, el principal instrumento creado por este gobierno para combatir la desigualdad podría terminar desmontado no por una decisión política de sus adversarios, sino por errores en su propia construcción institucional.
La situación de la Ley Sara Millerey plantea una reflexión similar
El proyecto busca garantizar derechos fundamentales para las personas trans en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la protección frente a la violencia y el reconocimiento de la identidad de género. Ha logrado avanzar en sus primeras etapas legislativas, pero aún debe superar varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley.
Y allí aparecen nuevamente las preguntas de fondo.
Si esta era una prioridad histórica para el movimiento de diversidad sexual y de género, ¿por qué llega al final del gobierno sin haber completado su trámite?
¿Por qué una iniciativa presentada como urgente sigue dependiendo de los tiempos, las mayorías y las tensiones de un Congreso que siempre fue políticamente complejo?
Quizá porque la verdadera transformación social nunca ocurre únicamente desde el Gobierno.
Ocurre cuando las instituciones logran trascender a los gobiernos.
Y aquí es donde conviene recordar algo que a veces olvidamos.
Los principales avances jurídicos de las personas LGBTIQ+ en Colombia no nacieron en un ministerio.
Tampoco fueron un regalo de un presidente.
El matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo, la protección frente a la discriminación, buena parte de los desarrollos relacionados con identidad de género y muchas garantías para las personas que vivimos con VIH fueron el resultado de años de litigio estratégico, movilización social y decisiones de las Altas Cortes.
Fueron conquistas ciudadanas. No concesiones gubernamentales. Por eso resulta peligroso cuando desde cualquier sector político se intenta instalar el miedo como argumento electoral.
La idea de que las personas diversas tienen la obligación de votar por un determinado proyecto político porque, de lo contrario, perderán todos sus derechos, desconoce la propia historia de nuestras luchas.
Sí. Existen gobiernos más receptivos que otros. Existen gobiernos que aceleran procesos y otros que los ralentizan. Existen administraciones que destinan más recursos y otras que muestran menos interés.
Pero en una democracia constitucional los derechos fundamentales no dependen únicamente del presidente de turno.
Dependen de la Constitución. Dependen del Congreso. Dependen de las Cortes. Y dependen, sobre todo, de la capacidad de organización de la sociedad civil para defenderlos.
La verdadera pregunta que deja este momento político no es si el gobierno Petro quiso avanzar en materia de igualdad. Creo que la respuesta es evidente.
La pregunta es si logró construir herramientas suficientemente sólidas para que esos avances sobrevivan incluso cuando ya no esté en el poder.
Porque la victoria de una causa social no ocurre cuando un gobierno la adopta. Ocurre cuando ningún gobierno puede desmontarla fácilmente.
Y esa sigue siendo la tarea pendiente. No solo para el progresismo. También para quienes creemos que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier proyecto político.
