340 policías desplegados, 107 atenciones por intoxicaciones y dos asistentes fallecidos tras emergencias médicas cuyas causas siguen bajo investigación. Ese contraste dejó el EDC en Medellín, pocos días después de que Manuel Villa recriminara públicamente a un joven por fumar cannabis en un parque, durante una intervención en la que fue esposado. ¿Qué explica que una misma ciudad hable del cuidado de la vida en un festival y responda con esposas y señalamiento público al consumo de cannabis en un parque de barrio?

Por Marco Andrés Jaramillo Ortiz

Hace pocos días, Manuel Villa, como alcalde encargado de Medellín y Secretario de Seguridad, apareció en un video recriminando fuertemente a un joven por fumar cannabis en un parque. “Andá pa’ tu casa y te la metés allá”, le dijo. Durante la intervención, el joven fue esposado. La difusión del episodio en redes convirtió una actuación policial en una escena de señalamiento público.

Poco después, Medellín recibió el festival Electric Daisy Carnival, EDC, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Tras sus dos jornadas, la Secretaría de Salud reportó 193 atenciones médicas, de las cuales 107 estuvieron relacionadas con intoxicaciones. Siete personas fueron trasladadas a centros asistenciales. También se conoció la muerte de dos asistentes después de presentar emergencias médicas; las posibles sobredosis figuraban entre las hipótesis bajo investigación.

La cercanía entre ambos episodios exige una pregunta: ¿qué criterios orientan la respuesta de Medellín frente al consumo de sustancias y frente a las personas que consumen?

En el parque vimos una intervención acompañada de una reprimenda pública, esposamiento y envío al “comando”. Frente a las intoxicaciones del festival, escuchamos llamados a preservar la vida y evitar consumos riesgosos. La atención médica era indispensable. Precisamente por eso, vale preguntar cómo llevar ese cuidado a los espacios cotidianos de la ciudad, sin humillar a quienes los habitan.

La Policía estaba allí

El dispositivo del EDC incluyó, según lo publicado, 340 policías, además de integrantes del Ejército, funcionarios de Espacio Público y gestores operativos. Había presencia institucional.

La pregunta es qué hizo esa presencia: cuáles fueron las instrucciones, qué controles se realizaron, cómo se coordinó la Policía con la seguridad privada y qué medidas se tomaron frente al consumo y la comercialización de sustancias.

Las intoxicaciones no demuestran por sí solas que faltaran controles. Tampoco permiten concluir que la Alcaldía autorizó el consumo. Pero sí justifican exigir un balance público sobre las medidas adoptadas y sus resultados.

Desde El Poblado en Historias creemos que es importante dar respuesta a estas preguntas: ¿Cuántos comparendos se impusieron? ¿Cuántas intervenciones se realizaron? ¿Qué acciones de prevención hubo antes y durante el evento? ¿Qué aprendizajes deja lo ocurrido?

La ciudadanía necesita conocer esos datos para evaluar la coherencia entre el discurso restrictivo que escucha en sus parques y la actuación institucional en un festival masivo.

El estigma también tiene un lugar

Un parque de barrio y un festival tienen condiciones distintas. Cambian sus horarios, sus públicos, sus controles de acceso y sus riesgos. Esas diferencias deben considerarse. Sin embargo, ninguna justifica que la dignidad de una persona dependa del lugar donde consume.

El estigma aparece cuando alguien queda reducido a una conducta. Cuando su imagen se utiliza para dar un escarmiento. Cuando se le presenta como una amenaza sin explicar las circunstancias de la intervención ni reconocer que sigue siendo un ciudadano con derechos.

En el caso del parque, importa precisar que el joven estaba fumando cannabis. Ese hecho no permite atribuirle otras conductas ni equipararlo con quienes comercializan sustancias. La autoridad debe explicar qué conducta concreta motivó su actuación y por qué las medidas utilizadas fueron necesarias y proporcionales.

También resulta necesario examinar si la capacidad económica cambia la mirada institucional. En un festival de acceso pago, el consumo puede abordarse como un riesgo que requiere prevención y atención. En un parque gratuito, ¿con qué frecuencia se convierte en una razón para señalar a quienes se reúnen allí?

Esa diferencia debe documentarse. Pero la pregunta es legítima: ¿la ciudad ofrece el mismo respeto y cuidado a quien puede pagar una entrada costosa y a quien encuentra en el parque su espacio de encuentro?

Quien sufrió una intoxicación en el EDC merecía atención. El joven intervenido por fumar cannabis también merecía un trato digno. La protección de la vida debe mantenerse en ambos escenarios.

Los costos de la ciudad que celebra

La discusión también incluye a quienes usan los escenarios deportivos y a quienes viven alrededor.

Antes del festival, atletas expresaron preocupación por los posibles efectos del montaje sobre la pista Alfonso Galvis, recientemente renovada. Esa preocupación requiere una evaluación posterior que permita establecer el estado de la infraestructura, las eventuales afectaciones y las responsabilidades correspondientes.

El ruido, los horarios, la movilidad y el descanso de los residentes también deben formar parte del balance. Los beneficios económicos de un evento pueden ser relevantes, pero la convivencia exige escuchar a quienes asumen sus molestias y sus costos.

Se conoció, además, el grave ataque contra un ciudadano australiano que habría asistido al festival y fue encontrado en Laureles con 25 heridas de arma blanca. Las circunstancias seguían bajo investigación. No corresponde atribuir automáticamente ese ataque al evento; sí exigir su esclarecimiento y revisar la seguridad de los desplazamientos alrededor de estas celebraciones.

Medellín debe poder evaluar sus grandes eventos con información completa: actividad económica, atención sanitaria, seguridad, afectaciones a los vecinos y cuidado de los bienes públicos.

La 4 Sur también merece cuidado

Esta reflexión está ligada al trabajo que adelantamos con Territorios que escuchan: Diálogos para la convivencia en la 4 Sur.

Allí buscamos escuchar a quienes ya habitan el espacio, reconocer los conflictos y construir acuerdos mínimos. El consumo forma parte de esa conversación, junto con las necesidades de vecinos, comerciantes y personas que se reúnen en el sector.

Hay preguntas que ninguna intervención ocasional puede resolver: cómo convivir entre usos distintos, cómo prevenir riesgos, cómo proteger a quienes no consumen y cómo actuar sin convertir a quienes consumen en enemigos del barrio.

Ese trabajo requiere continuidad. Requiere presencia institucional que escuche, explique y acompañe, además de intervenir cuando corresponda.

Las multas, los operativos y las reprimendas públicas no alcanzan para abordar un fenómeno que también involucra salud, prácticas culturales, mercados ilegales y condiciones de acceso al ocio.

La Alcaldía debe explicar cómo protege, escucha y acompaña a quienes habitan la 4 Sur y otros espacios públicos de la ciudad, con la misma seriedad con la que organiza la respuesta institucional para un gran festival.

Las dos muertes merecen esclarecimiento y respeto por sus familias. Las intoxicaciones exigen una evaluación rigurosa. El joven expuesto en redes merece que examinemos la proporcionalidad de su esposamiento y la dignidad del trato que recibió.

Medellín necesita una política que conecte esos deberes. Una política capaz de cuidar la vida, proteger la convivencia y rendir cuentas sobre sus decisiones.

La capacidad de pagar una entrada no puede determinar quién merece cuidado y quién recibe señalamiento.